CARTA DE ADHESIÓN

La crisis ecosocial que atraviesa nuestro planeta representa una amenaza para el conjunto de la población, especialmente para aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Afrontar los efectos de la crisis ecológica requiere una apuesta decidida por una transición ecosocial que transforme el modelo económico, energético y social actual hacia uno más sostenible y respetuoso con el planeta, el medio ambiente y las poblaciones. Sin embargo, esta transición también puede generar desafíos socioeconómicos significativos, por lo que debe ser implementada desde una perspectiva justa y equitativa que no deje a nadie atrás.

La Unión Europea (UE) lanzó en diciembre de 2019 el Pacto Verde Europeo (PVE), la estrategia que busca transformar la economía comunitaria y hacerla más sostenible, circular y climáticamente neutra para el año 2050. Este pacto es una hoja de ruta para equilibrar la protección del medio ambiente con el crecimiento económico, garantizando que la transición hacia una economía verde sea justa e inclusiva para toda la ciudadanía europea, promoviendo políticas asociadas a la descarbonización, la economía circular o al fomento de las energías renovables o de una movilidad sostenible.

En este contexto, la Comisión Europea ha impulsado una revisión de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios (EPBD), la reforma del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) y la conexión del Fondo Social para el Clima (SCF) con el sistema ETS2, medidas que representan oportunidades clave para impulsar una transición hacia un modelo más sostenible donde se proteja tanto el medio ambiente como a las comunidades más vulnerables.

Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) nos hemos posicionado firmemente para que la transición ecológica priorice la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, que son las primeras en sufrir las consecuencias del cambio climático. Y no solo son las primeras, también son las más afectadas por sus efectos. En este sentido, consideramos que las políticas implementadas han de atender a las necesidades y desafíos específicos de las personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión, y que, en el caso de España, son el 26’5 % de la población, 12,7 millones de personas, según el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ de EAPN-ES.

La transición hacia una economía baja en carbono promovida por las directivas como la EPBD y la ETS2 resulta fundamental a la hora de abordar la crisis ecosocial existente. Sin embargo, su trasposición -prevista entre 2024 y 2025-, puede conllevar un impacto agravante de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, especialmente aquellas asociadas a los costes y barreras de acceso al transporte sostenible o las políticas relacionadas con la eficiencia energética en edificios y al régimen de comercio de emisiones de la UE.

Desde EAPN-ES creemos que las estrategias adoptadas en materia de transición ecosocial no pueden culpabilizar ni afectar a quienes atraviesan estas realidades. Por el contrario, deben contar con su participación y ser compatibles con el sistema de bienestar social, constituyéndose como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida la población, especialmente de aquella en situación de mayor vulnerabilidad. Cualquier iniciativa en este ámbito requiere un diseño cuidadoso para no desestabilizar el apoyo social existente, contando con mecanismos de compensación adecuados para quienes puedan verse temporalmente afectados por los cambios propuestos.

En este sentido, las propuestas relacionadas con el Sistema de Comercio de Emisiones para el Transporte y los Edificios (ETS2) han de incorporar iniciativas específicas que frenen la pobreza en el transporte. Esto implica desarrollar soluciones de movilidad accesibles y sostenibles para las personas en situación de vulnerabilidad, garantizando que tengan acceso a un transporte público eficiente y asequible, especialmente en zonas rurales y periféricas.

Por otro lado, la Directiva sobre la Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) debe contemplar la rehabilitación de viviendas con prioridad clara hacia la población en situación de pobreza o exclusión social, y ser compatibles con otras prestaciones sociales. Asimismo, resulta crucial establecer un control de precios sobre las viviendas destinatarias de estas ayudas a la rehabilitación, para evitar subidas de precios que desplacen a la población más vulnerable de los barrios donde habitan y tienen sus redes comunitarias.

Desde EAPN-ES, hacemos un llamamiento a todas las personas, organizaciones e Instituciones comprometidas con la justicia social y la protección del medio ambiente a unirse a este propósito, para trabajar juntas en una transición ecosocial que no deje a nadie atrás.

La lucha contra las consecuencias de la crisis ecológica y por una transición justa es una necesidad social y una gran oportunidad para erradicar la desigualdad y la pobreza. Ahora, más que nunca, es el momento de actuar con solidaridad y justicia, en defensa de los derechos y la dignidad de todas las personas.

¡Únete a EAPN-ES en este importante desafío!